Verifactu: cuando Hacienda dispara contra los que cumplen

Hoy, con la obligatoriedad de todo software contable de cumplir los requisitos del sistema Verifactu, se da el primer paso para la entrada en vigor de la nueva herramienta de la Agencia Tributaria supuestamente diseñada para luchar contra el fraude fiscal. Pero la realidad, cruda y sin maquillaje, es que este sistema no va a impedir que quienes defraudan lo sigan haciendo y en cambio impone una carga desproporcionada y absurda a los autónomos y empresarios que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

Verifactu obliga a remitir las facturas en tiempo real o bien a utilizar programas certificados que generen un “registro de alta integridad” de cada transacción. Lo hace bajo la premisa de que así se evitará el fraude. Pero ¿quién emite facturas falsas o no declara ventas? Desde luego no lo hace quien lleva su contabilidad al día, declara el IVA trimestral y se somete a inspecciones periódicas. Esos ya están bajo lupa. Lo hacen quienes trabajan al margen del sistema y para ellos Verifactu no cambia absolutamente nada.

El fraude real está en otro sitio (y lo sabemos todos)

De entrada, el grueso del fraude fiscal queda muy lejos de Verifactu y se hace con estructuras internacionales, sociedades interpuestas y artificios contables. De ese fraude no se oye hablar porque es tan sofisticado y técnico que la administración tributaria y los políticos que la dirigen ni lo huelen. Harían falta técnicos mas eficientes y políticos capacitados para enfrentar este problema pero eso parece hoy día, viendo lo que estamos viendo, simplemente una utopía.

En cuanto al fraude fiscal de bajo nivel ¿de verdad alguien cree que el electricista que trabaja en negro va a empezar a usar Verifactu? ¿Que el fontanero que cobra en efectivo y sin IVA va a emitir una factura con código QR y remitirla a la Agencia Tributaria? ¿Que la peluquera a domicilio que no acepta ni tarjeta ni Bizum va a instalar un software de facturación autorizado y adaptarlo a la ley? Es evidente que no.

Hay sectores enteros donde es demasiado fácil trabajar sin declarar nada y Verifactu no llega ni llegará nunca hasta allí:

• Vendedores ilegales: los manteros y demás vendedores ambulantes ilegales que ocupan calles, plazas y mercados en toda España ni declaran, ni pagan, ni son molestados por la Agencia Tributaria. Tampoco se les pedirá Verifactu. De hecho, se les permite competir en total desventaja contra comerciantes legales que sí pagan alquiler, seguridad social, impuestos y ahora además deben adaptar su sistema de facturación a los caprichos del legislador.
  
  
• Funcionarios de Hacienda, secretarios judiciales y municipales, profesores universitarios y funcionarios de todo rango que actúan como preparadores de oposiciones: si declarasen su actividad podrían hasta perder su plaza.
  
  
• Reformas del hogar: albañiles, electricistas o pintores que hacen trabajos por cientos o miles de euros y rara vez entregan factura. El cliente no la pide porque le resulta más barato. Y Hacienda, mientras, se dedica a exigir formalidades extremas a despachos, clínicas, comercios o asesorías perfectamente identificadas y declarantes puntuales.
  
  
• Peluquerías y centros de estética: muchos pequeños negocios no declaran la totalidad de sus ingresos. Y eso lo sabe cualquiera que haya pedido precio «con factura o sin ella». Aquí Verifactu no entra.
  
  
• Servicios personales: clases particulares, entrenadores personales, fisioterapeutas o masajistas que trabajan en negro, a domicilio o en locales sin licencia. Nada les obliga a cambiar su modo de operar.

Verifactu: inspección fiscal permanente para los que cumplen

El efecto real de Verifactu es que convierte a cada autónomo o empresa en un sospechoso bajo vigilancia constante, obligado a emitir las facturas según un protocolo rígido, a conservar registros firmados digitalmente, a usar programas validados y a mantener trazabilidad absoluta de cada operación. Esto no es eficiencia: es un sistema de fiscalización anticipada que trata a los cumplidores como delincuentes.

Mientras tanto, los que realmente defraudan seguirán tan tranquilos, porque ni facturan ni piensan empezar a hacerlo.

Lejos de reducir el fraude, Verifactu ahonda en la brecha entre quienes tributan y quienes no. El autónomo que decide cumplir debe ahora asumir un coste adicional: adaptar sus sistemas, pagar nuevas licencias de software, recibir formación y exponerse a sanciones por errores formales. Todo mientras el competidor que trabaja en negro ni tributa ni tiene que preocuparse por requisitos legales.

Es decir, cumplir con la ley supone más cargas y menos competitividad. ¿Ese es el modelo de país que queremos? ¿Un sistema que castiga al que se esfuerza por hacer las cosas bien?

Otras formas de luchar contra el fraude (que no se han querido usar)

La lucha contra el fraude se podría haber abordado por vías mucho más eficaces:

• Aumentando las inspecciones en sectores de alto riesgo fiscal.
• Incentivando al consumidor a pedir facturas con desgravaciones.
• Creando mecanismos de denuncia anónima y recompensada.
• Reforzando el control sobre medios de pago opacos, no sobre los negocios legalmente constituidos.
• Fomentando la formalización del empleo y simplificando trámites, no complicándolos aún más.

Pero no. Se ha optado por cargar contra quienes ya están en el sistema, quizá porque son los únicos a los que se puede controlar fácilmente.

Un error estratégico

Hay quien sospecha que esta deriva tiene también un componente ideológico: un prejuicio político contra el empresario, visto no como motor económico sino como explotador de la clase obrera y posible evasor. Esa desconfianza se traduce en leyes que parten del principio de culpabilidad y que confunden control con justicia fiscal. Pero ese ya es otro debate.

Lo importante hoy es dejar claro que Verifactu no es la solución contra el fraude, sino un nuevo obstáculo para quienes ya hacen las cosas bien. Y mientras tanto, los que siguen al margen de la ley, ahora tienen un motivo más para no tributar: la ventaja de no tener que cumplir con nada.